Foro “Crímenes de Odio contra el Colectivo LGBTI”
La Embajada de España, a través de la Oficina Técnica Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, organizó el segundo foro de derechos humanos enfocado a los crímenes de odio contra el colectivo LGBTI en El Salvador, que se llevó a cabo el 28 de noviembre en las instalaciones de la AECID.
Además del Embajador de España, Francisco Rabena, participaron como panelistas la Secretaria General de la Fiscalía General de la República de El Salvador, Noris Flórez, la experta colombiana Carmen Adriana Blanco, junto con representantes de las principales asociaciones de la comunidad LGBTI en El Salvador, entre ellas, Comcavis-Trans, Entreamigos-Gays, Aspidh, Astrans y Esmules.
En el foro participaron también diferentes jueces, fiscales y policías salvadoreños y de la región centroamericana y República Dominicana, quienes asisten al curso intersectorial regional sobre Investigación de Crímenes de Odio, organizado por el Fondo España-SICA en el marco de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica ESCA.
Dicho foro es la continuación de la primera reunión organizada igualmente por la Embajada de España el 27 de junio del presente año, tras la cual el Fiscal General de la República se comprometió en crear una unidad especializada para los delitos contra la comunidad LGBTI, y España a apoyar la capacitación especializada en investigación y judicialización de los delitos cometidos contra dicha comunidad.
Este segundo foro tuvo como objetivo dar seguimiento a los compromisos adquiridos por la Fiscalía y la Cooperación Española en dicha reunión, así como mantener este importante canal para la visibilización de la comunidad LGBTI y las constantes y graves vulneraciones de sus derechos fundamentales, planteando posibles medidas correctoras para facilitar especialmente la persecución de los crímenes de odio.
La Secretaria General de la Fiscalía General de la República expuso previamente las diferentes medidas tomadas por el Fiscal General en relación a la creación y potenciación de la unidad especializada de Género, así como establecer la Escuela de Capacitación Fiscal bajo la responsabilidad de la Secretaría General, con el objeto de atender de manera adecuada y oportuna las denuncias de delitos contra personas de la comunidad LGBTI y fortalecer las capacidades de investigación de la FGR así como la sensibilización y formación de los y las fiscales en este ámbito.
Por su parte, las asociaciones del colectivo LGBTI reconocieron en sus intervenciones el cambio sustancial que ha supuesto la disponibilidad y sensibilidad mostrada por las nuevas autoridades de la Fiscalía General de la República, si bien, expresaron la necesidad de que esa voluntad se concrete en hechos y acciones para una adecuada atención a las víctimas y la efectiva investigación de los delitos denunciados, que consideran todavía deficiente.
Las asociaciones LGBTI aprovecharon también para denunciar diferentes casos de graves violaciones de los derechos humanos sufridas por personas LGBTI en los últimos meses y que aún no han tenido respuesta de la Justicia. En este sentido, manifestaron que tras la reforma en 2015 de los artículos 129 y 155 del Código Penal por las que se estableció el agravante de delitos de odio, aún no se ha aplicado en el caso de delitos contra personas LGBTI, exigiendo su aplicación e implementación efectiva, así como derogar su no retroactividad.
Para ello solicitaron una adecuada interlocución y respuesta por parte del Estado en su conjunto, y no solo desde un enfoque de inclusión social, o de salud claramente estigmatizante en relación al VIH. El Estado salvadoreño tiene la obligación de aplicar las diferentes recomendaciones que han realizado los diferentes organismos y mecanismos internacionales de DDHH en relación a los derechos de las personas LGBTI. Además, expresaron que no es suficiente incorporar el enfoque de derechos humanos y de género a las instituciones y políticas públicas sino también es necesario hacerlo con el enfoque de diferenciación/diversidad sexual.
Por otra parte, y en respuesta a las denuncias planteadas por las asociaciones, la FGR se comprometió a mejorar la atención inmediata a las denuncias y la respuesta oportuna a las víctimas, facilitando los números de teléfono de denuncia y de enlace institucional, así como para la facilitación de certificados de caso cuando el expediente aún se encuentre en manos de la FGR y no haya sido trasladado el original a sede judicial. La FGR reafirmó el compromiso de los fiscales con la justicia sin discriminación alguna y la sensibilidad ante la problemática de la población LGBTI, si bien expuso las dificultades y limitaciones derivadas del elevado número de casos a cargo de cada fiscal, alrededor de 500, y las necesidades de los turnos de servicio y descanso, para poder responder de manera inmediata y oportuna a las llamadas de denuncia que se reciben. Finalmente se destacaron las dificultades probatorias para realizar con éxito la investigación y la judicialización de los casos, así como la importancia de la necesaria reserva de la investigación para no comprometerla.
Para concluir la Embajada de España reiteró el compromiso de apoyar activamente el respeto, promoción y garantía de los derechos del colectivo LGBTI en El Salvador, reconociendo el esfuerzo y los avances realizados por la Fiscalía General de la República, en respuesta a la situación de invisibilidad y falta de acceso a la justicia ante la grave vulneración de derechos que sufre la comunidad LGBTI, con especial atención a los delitos de odio.
La Embajada de España valora muy positivamente este espacio de interlocución y diálogo político para la defensa de los DDHH y en especial de la población LGBTI. Por ello, se plantea la oportunidad de continuar y reforzar esta línea de trabajo en El Salvador dotándola para 2017 de una planificación estratégica y operativa de medio plazo en consonancia con los objetivos y resultados del Marco de Asociación País 2015-2019 entre España y El Salvador, enmarcado en el resultado 10 “Las organizaciones de la sociedad civil mejoran sus capacidades para la exigibilidad del ejercicio pleno y la promoción de derechos humanos.”
