Sala de Prensa

El Consejo de Gobierno aprobó el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, Pacode 2015-2018, que establece las bases de los programas de solidaridad internacional que llevará a cabo la Junta en los próximos cuatro años. El nuevo plan retoma el objetivo de alcanzar en 2020 una asignación del 0,7% del presupuesto autonómico a estas políticas, que la Junta ha mantenido durante los años de la crisis frente a su práctica desaparición en algunas comunidades y en el Gobierno central.

El plan  fija como destinatarios preferentes de la cooperación a los grupos de población expuestos a mayor vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Entre ellos destacan las mujeres sin recursos; la infancia y juventud; la población indígena, desplazada y refugiada, y las personas con discapacidad. Además, a los profesionales de la materia y la sociedad en general se dirigirán especialmente las actuaciones de formación, investigación y educación para el desarrollo.

Asimismo, el plan recoge como principales ejes la ayuda humanitaria y al desarrollo; el fomento de la educación; la promoción de la innovación, la formación y la investigación, y, como novedad respecto al anterior plan, la defensa de los derechos humanos y el fomento de la paz y de los valores democráticos. También se consideran criterios prioritarios la igualdad entre hombres y mujeres; la sostenibilidad ambiental; el respeto a la diversidad cultural y el fortalecimiento institucional y de las organizaciones representativas de la sociedad civil.

Las áreas de intervención prioritaria seguirán siendo América Latina, Norte de África y Mediterráneo, y África Subsahariana. Entre los países receptores destacan Marruecos, Cuba, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Mali, Senegal, Mozambique, Mauritania y los Territorios Palestinos. El nuevo plan añade Haití a los 23 países prioritarios. También identifica a Colombia y Túnez como preferentes al estar inmersos en procesos de paz y de consolidación democrática.

Los distintos proyectos que recoge el plan se desarrollarán en un contexto internacional muy marcado por la creciente desigualdad, que la crisis económica ha agudizado. Según datos de Naciones Unidas, 1.200 millones de personas viven con 1,10 euros o menos al día; 2.600 millones no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento; más del 20% de la población mundial sigue viviendo bajo el umbral de extrema pobreza; una de cada ocho personas sufre desnutrición crónica; 18.000 niños mueren cada día por enfermedades fácilmente prevenibles; dos terceras partes de las mujeres empleadas trabajan en situación vulnerable; el analfabetismo afecta a 774 millones de personas (mujeres en sus dos terceras partes), y otras tantas viven sin acceso a agua potable.

De acuerdo con las previsiones fijadas, al menos el 20% de los fondos autonómicos para cooperación deberán destinarse al África Subsahariana, una de las zonas más desfavorecidas del planeta. En cuanto al tipo de proyectos, se asegurarán recursos mínimos del 30% del total para los relacionados con servicios sociales básicos (salud, educación, vivienda, saneamiento, seguridad alimentaria y acceso al agua potable); 10% a educación para el desarrollo; 10% a acción humanitaria urgente en catástrofes naturales o conflictos bélicos, y otro 10% a intervenciones para promover la igualdad de género y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres.

Junto con estos ámbitos básicos, por primera vez se especifica que el 2,5 % del presupuesto de la cooperación andaluza debe ir destinado a formación, investigación e innovación, y otro 2,5% al fomento de los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos y la cultura de paz.

De acuerdo con el plan, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo destinará al menos un 50% de su presupuesto anual a la convocatoria de subvenciones a organizaciones no gubernamentales, consideradas como principales vertebradoras de la ayuda al desarrollo.

Actualmente, Andalucía es la región que más contribuye a la cooperación española, con una aportación del 22% del total descentralizado y un incremento continuado dentro de sus limitaciones presupuestarias, frente al descenso estatal iniciado en 2011. También ha sido la que más ha invertido en este ámbito durante los últimos tres años, por encima de comunidades con mayor capacidad financiera que, como Cataluña o Madrid y con la salvedad del País Vasco, han reducido su contribución.

(Fuente: Noticias de la Junta de Andalucía

Fotografía: Cooperación Española)