Sala de Prensa

Beatriz Yarza, responsable de Programas de Agua y Saneamiento de la AECID en El Salvador, intervino en el séptimo conversatorio organizado por el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) e Ingenieros Sin Fronteras (ISF) en el que participaron los agentes sociales, académicos y profesionales del sector en el país.

En su ponencia presentó los diversos instrumentos financieros existentes en la región comenzando por el Fondo de Agua y Saneamiento, que pone a disposición de la región latinoamericana y el Caribe 1.500 millones de dólares para reducir durante cuatro años el déficit de redes de agua potable y saneamiento.

Anunció que el Fondo estará operativo en los próximos meses, pendiente de la aprobación en España del Real Decreto de organización y funcionamiento de dicho fondo y de otros trámites. No obstante, ya se pueden enviar las fichas de solicitud que se pueden descargar de esta misma página web.

De hecho, a finales de 2008, un comité interinstitucional integrado por Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) formularon una propuesta de 30 millones de dólares para sistemas de agua potable en áreas rurales, concretamente en los 100 municipios más pobres del país, con un fuerte componente de fortalecimiento institucional.

Desde la Cooperación Española, Yarza animó a la creación de una mesa sectorial liderada por el gobierno salvadoreño -no por los cooperantes-, con la participación de la sociedad civil, de donde sería deseable surgiera una propuesta país consensuada en la que se enmarcarían las acciones financiables con este fondo en un futuro.

Otros instrumentos

Aparte del Fondo español, presentó otras alternativas de financiación como las del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), algunas de ellas créditos blandos o fondos no reembolsables. Entre ellos el programa “100 ciudades”, “Agua para 3.000 comunidades rurales”, el “Aquafund” (ayuda no reembolsable para la realización de estudios de preinversión), el “Plan Estratégico Sectorial” (PES) o “AQUAEXPRESS”. Más información en www.iadb.org

Igualmente la Cuenta del Milenio, de la cooperación estadounidense, dispone de 20 millones de dólares para los gobiernos locales del norte de El Salvador que quieran presentar perfiles o carpetas técnicas. Naciones Unidas, en su caso, posee el WOPS, Water Operators Partnership, cooperación sin ánimo de lucro para fortalecer la capacidad de los operadores públicos del sector agua.

“El problema no es de disponibilidad financiera, sino de acceso a la información”

Tras la ponencia de Yarza, Ana Ella Gómez, gerente de investigaciones del Centro para la Defensa del Consumidor, constató que “el problema no es de disponibilidad financiera, sino de acceso a la información y de eficiencia de las instituciones públicas”.

“El desafío ahora es aprovechar el cambio institucional para dialogar sobre nuestras prioridades”, entre las que enumeró la generación de un cambio en el marco institucional y mejorar las condiciones de acceso al agua para los que han estado marginados de este derecho.

2.000 millones de dólares para resolver el problema

Según cálculos de Carlos Flores, técnico de gestión del agua de la ONG Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), harían falta 2.000 millones de dólares para resolver el problema del agua en el país. Precisamente, para minimizar la dependencia de la cooperación externa, muchas veces de carácter temporal, en la solución del problema abogó por las fuentes de financiación interna, como las tarifas de abastecimiento, depuración de agua y, sobre todo, una mayor eficiencia en la inversión.

El CDC e ISF organizan cada mes estos conversatorios sobre temas relacionados con el agua, una de las actividades incluidas en el Convenio ISF-AECID.