“Esto nos ha cambiado la vida, el agua es un derecho al que muchos no llegábamos”
“Después de 17 años viviendo en la Britania, esto nos ha cambiado la vida, el agua es un derecho al que muchos no llegábamos”, cuenta Francisco Javier Rosales, albañil de 43 años y padre de tres hijos, una de las más de 200.000 personas a las que el trabajo conjunto de la Cooperación Española con el Gobierno de El Salvador ha permitido mejorar sus condiciones de vida.
Francisco Javier vive en uno de esos municipios que el mapa de pobreza urbano cataloga como asentamiento precario. Muchas de estas comunidades situadas en áreas periurbanas y rurales llevaban más de 20 años comprando agua a los camiones cisternas, gastando gran parte de sus ingresos en ello, o abasteciéndose con el agua de los ríos y pozos, con el consiguiente riesgo para su salud.
Es por ello que la instalación del agua potable en estas áreas, además de garantizar el derecho humano al agua, permite a estas familias un ahorro considerable, sobre todo cuando la mayoría de ellas, con modestos ingresos procedentes de oficios domésticos, agricultura y albañilería, hasta el momento estaban pagando por consumir agua 100 veces más que cualquier colonia acomodada de la ciudad de San Salvador.
Este esfuerzo también tiene consecuencias en la salud de las personas, que podrán consumir un agua de mayor calidad de la que estaban acostumbradas, con lo que se espera que la incidencia por diarreas en las clínicas comunales se reduzca, sobre todo las de los niños y niñas que representan un alto porcentaje de la población de estas comunidades. Por esta razón, los programas también se completa con educación sanitaria sobre hábitos higiénicos.
Sello distintivo del FCAS en El Salvador
Con el apoyo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), en el marco del “Programa de infraestructura en agua potable y saneamiento básico en áreas peri-urbanas y rurales de El Salvador”—con una inversión de $29 millones—, se han realizado o están en curso en El Salvador quince intervenciones en infraestructura de agua potable y saneamiento como un medio de contribuir al alivio de la pobreza, tanto en el medio rural como en asentamientos urbanos calificados en estado de precariedad.
Proporcionar soluciones integrales para satisfacer el derecho humano al agua y al saneamiento se ha convertido en el sello distintivo de estos proyectos que ejecuta la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) con el apoyo del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS) de la AECID, el cual es un instrumento que se ha integrado perfectamente dentro de la construcción de la política del recurso hídrico, un esfuerzo de país que recoge el Plan Quinquenal de Desarrollo de El Salvador.
Además de la introducción de agua potable, en todas las intervenciones se han construido sistemas integrales de tratamiento de las aguas grises servidas y deposición final de excretas, alcantarillado convencional, trampas de grasas, pozos de absorción y biofiltros, al igual que letrinas aboneras en aquellas viviendas que carecían de las mismas. Todas las viviendas cuentan con sistemas de eliminación de aguas grises de acuerdo a las características del terreno, consiguiendo así soluciones amigables con el medio ambiente y evitar mayores contaminaciones.
Gestión integral del recurso hídrico
No obstante, el derecho humano al agua no sólo se garantiza construyendo sistemas de agua y saneamiento, sino realizando una gestión integral de este recurso escaso y en muchos casos contaminado, como es en El Salvador. Por ello, con otros programas del FCAS también se está apoyando el trabajo con enfoque de cuencas de Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador, el fortalecimiento de las instituciones para que sean más eficaces en su trabajo; y, sobre todo, la construcción de políticas públicas que permitan la gobernanza en el sector hídrico, a través del impulso de marcos legales y regulatorios, como la Ley General de Aguas —actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa— y la Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento.
Así pues, el personal de ANDA está completando su formación y la institución ha sido dotada de herramientas y equipos para mejorar la administración y sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento instalados. El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), otra de las instituciones ejecutoras con el FCAS, también fortalecerá sus capacidades y realizará 38 intervenciones de introducción de agua potable y saneamiento en zonas rurales.
Participación comunitaria y equidad
Para asegurar la efectividad y sostenibilidad del programa, se ha hecho imprescindible fomentar la participación de la comunidad y con equidad entre hombres y mujeres, sobre todo en las áreas rurales y en las intervenciones del FISDL, donde mujeres han sido contratadas para la realización de labores tradicionalmente asignadas a los hombres, y donde han participado en igualdad de condiciones en los Comités de Contraloría.
“Ese fue el rol del comité, ver que el beneficio llegara a quienes lo necesitaran”, cuenta la asesora de desarrollo local del FISDL, Sonia Milagro Batres de Pineda, quien fue la encargada de apoyar a la comunidad de Las Mesas, en el municipio de Jujutla, orientarla y capacitarla para llevar la contraloría de la introducción del agua potable y el saneamiento que benefició a más de 700 personas. “El Comité es el que estuvo pendiente de que las 114 acometidas no quedaran en ningún terreno baldío o casa deshabitada, luego tuvimos la suerte de ampliar hasta 138 acometidas con sus sistemas de saneamiento básico, el comité estuvo pendiente de que si ya existían letrinas en la vivienda, se le asignara a otras que no tenía”, explica.
En la buena marcha del programa en El Salvador tiene mucho que ver los altos niveles de apropiación de las instituciones ejecutoras y su coordinación con el personal de la AECID en el país, lo que ha permitido un mejor seguimiento, análisis, mejoras y, en algunos casos, reorientaciones para conseguir un impacto real en la vida de muchas personas.
