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“Los gobiernos locales fueron de los primeros —por una reforma que hubo en 2005—en referirse al tema de la  transparencia; fueron los primeros en hablar de participación; y, con la reforma del Código Municipal, los primeros obligados a rendir cuentas e informes”, explica a AECID Henry Alexander Mejía, doctor en derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y catedrático del Departamento de Derecho Público de la Universidad de El Salvador.

El doctor Mejía es el autor de una Recopilación de Legislación Administrativa que se va a distribuir a partir de este mes entre las diferentes alcaldías de los 262 municipios de El Salvador y los operadores del sector Justicia. Este documento condensa todo el régimen jurídico municipal. En total más de treinta leyes y reglamentos, entre ellos, el Código Municipal, la Ley General Tributaria Municipal, la Ley de Ordenamiento Territorial y la más reciente, la Ley de Acceso al a Información Pública (LAIP).

“Hace 25 años era casi imposible conseguir el Código Municipal o que una institución nos capacitara», cuenta Enris Arias, alcalde de Comacarán y también el presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), el socio de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), junto con la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, en este esfuerzo por fortalecer técnicamente a los gobiernos locales para una mejor gestión al servicio de la ciudadanía. Así pues, se realizarán varias jornadas divulgativas a nivel nacional, dirigidas a los y las ediles de todo el país entorno al Derecho Administrativo y la Ley de Acceso a la Información Pública.

Estas instituciones salvadoreñas cuentan con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que coopera con El Salvador desde hace más de veinte años en la modernización de la Administración Pública tanto central como municipal, según recalca, Ángel Marcos, adjunto al coordinador de la Cooperación Española en El Salvador.

Entre los materiales entregados también está la versión de lectura fácil de la Ley de Acceso a la Información Pública, que entró en vigor en 2011, que garantiza que la ciudadanía acceda a la información pública  y que impulsa la transparencia de la gestión de las instituciones públicas.

De esta manera se complementan algunos esfuerzos ya apoyados por la cooperación española en cuatro municipios del país a través de la Fundación DEMUCA.  Atiquizaya, El Refugio, San Lorenzo y Turín  han contado con el acompañamiento técnico para la instalación y puesta en marcha de sus respectivas Unidades de Acceso a la Información Pública (UAIP). También se trabajó en la organización del archivo municipal, el nombramiento y capacitación de las oficiales de información, la creación y funcionamiento de un portal de transparencia municipal, así como material divulgativo para que la ciudadanía conozca y haga uso de su derecho de acceso a la información pública.