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Las instituciones del sector Justicia en El Salvador están realizando esfuerzos para mejorar la atención a las víctimas de violencia basada en género y la administración de los procesos judiciales en casos de feminicidio, con el apoyo de la Cooperación Española a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En los últimos años, El Salvador ha avanzado en la elaboración de un marco normativo que garantiza los derechos de las mujeres. En 2010, se aprobó la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres (LEIV) y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE).

Actualmente los esfuerzos por parte del sector de Justicia, se centran en la aplicación de dicho marco, en este país que según el Observatorio de la CEPAL, cuenta con los índices más altos de Centroamérica en lo que a muertes de mujeres ocasionadas por sus parejas o ex parejas se refiere (un 0,73 en 2013).

“Las leyes que protegen los derechos humanos de las mujeres recientemente aprobadas, plantean grandes transformaciones en las instituciones del sector de justicia, pues deben por mandato de ley darle cumplimiento al principio constitucional de igualdad, promoviendo el respeto de la igualdad y no discriminación contra las mujeres, así como también garantizar el derecho de toda mujer a una vida libre de  violencia”, plantea la responsable del proyecto en la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, Vanessa Lara.

En este marco, con la ayuda técnica y financiera de la de la AECID, las instituciones articuladas en torno a la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, a través de su Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) y con la asesoría del Instituto de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) están fortaleciendo su coordinación y poniendo en marcha varios procesos. “El hecho de que todas las instituciones del sector justicia y afines se estén coordinando técnicamente en estos aspectos es un gran avance”, destaca Jesús Rivera, responsable de proyectos de Justicia de la Cooperación.

Las Unidades lntegrales de Atención Especializada a Mujeres Víctimas

Concretamente, para mejorar la coordinación en la atención a las víctimas, se ha creado la mesa técnica de instituciones responsables de las Unidades lntegrales de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (UAlEM), que incluye a las instituciones del sector justicia y afines, que según la LEIV deben disponer de las mencionadas unidades de atención especializada: la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el ISDEMU, el Instituto de Medican Legal (IML), la Dirección de Migración, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), el Ministerio de Salud (MINSAL), FOSALUD, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Estas instituciones aumentarán los niveles de especialización técnica del personal que atienden a las víctimas de violencia de género, y, sobre todo, en el caso de aquellas personas que trabajan en las UAlEM. Además de esta formación, se espera unificar protocolos de actuación y coordinación entre las instituciones, aumentar la recolección de datos estadísticos y elaborar lineamientos técnicos operativos para el servicio que brindan.

Estas unidades, según mandata la LEIV, deben brindar atención psicológica, con el objetivo de estabilizar y empoderar a las mujeres que hayan enfrentado cualquier tipo de violencia, priorizando la atención en crisis; además de proveer con atención legal, para asesorar e informar sobre los derechos que les asisten a las mujeres usuarias.

Las unidades también deben ofrecer atención en trabajo social, para que las mujeres usuarias reciban las herramientas necesarias para romper los ciclos de violencia en los cuales se encuentran inmersas: ubicación de redes de apoyo, asesoría en reinserción laboral o educativa, gestión de casas de acogidas o albergues, etc.

Judicialización de casos de feminicidio

En otra línea, se ha asentado la mesa técnica de instituciones responsables de las Unidades de Formación Técnica o Escuelas de Formación Especializada de las lnstituciones del Sector Justicia que participan durante los procesos de judicialización de casos de feminicidio.

Según datos aportados por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto de Medicina Legal (IML), en el 2012 se registraron 321 muertes violentas de mujeres; de estos casos, seis fueron tipificados como feminicidio y uno en grado de tentativa.

La mesa está integrada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), la  PGR, la FGR, el lML, la Dirección General de Centros Penales (DGCP), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos PDDH, la División de Polícía Técnico-Científica de la PNC, la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), el ISDEMU y la UTE.

Desde esta instancia, se coordinará la formación orientada a incrementar y mejorar los procesos de judicialización en los casos de feminicidio y violaciones sexuales; aquellas acciones de sensibilización destinadas a operadoras y operadores de justicia sobre las violencias basadas en género y se fortalecerán las capacidades para la aplicación de la LEIV, la legislación internacional y la articulación para la aplicación de un protocolo único de actuación en casos de feminicidio.

El apoyo español se enmarca dentro del Fondo de Fortalecimiento Institucional y cuenta con una financiación de 467.606 dólares para el periodo 2013-2015. La intervención, ejecutada por la UTE y diseñada por las instituciones participantes, responde a las líneas estratégicas establecidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo de El Salvador 2010-2014 y sus resultados contribuirán al cumplimiento del Marco de Asociación España-El Salvador.

Desde 2006, la UTE y la Cooperación Española han trabajado conjuntamente en la reducción de la impunidad en los delitos violentos contra hombres y mujeres, “aunque no constituían proyectos con componentes específicos con acciones sobre equidad e igualdad de género y tratamiento de la violencia basada en género, sí constituyeron el despegue para considerar el enfoque de género como criterio inherente a los proyectos”, comenta Lara.

La contribución de la Cooperación Española a los esfuerzos de país

La Cooperación Española contribuye desde varios ámbitos a los esfuerzos por avanzar en los derechos humanos de las mujeres en El Salvador, sobre todo en lo que a una vida libre de violencia se refiere. La AECID apoyó al ISDEMU en el desarrollo de la la Comisión Técnica Especializada, creada bajo el mandato de la LEIV, para contribuir al proceso de operativización de la Ley y la de la Política Nacional para el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres.

Actualmente, también desde la sociedad civil organizada (Paz y Desarrollo, Mugarik Gabe y Farmacéuticos Mundi) se están impulsando otras iniciativas a nivel municipal para la aplicación de la LEIV, en dos municipios de área metropolitanta de San Salvador (San Martín y Soyapango), dieciséis municipios del departamento de Cuscatlán y dos municipios de la Libertad (San Pablo Tacachico y Quetzaltepeque) con un monto total aproximado de $900.000 dólares para los próximos dos años.