Sala de Prensa

La Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  «es un instrumento estratégico para avanzar en la protección de las mujeres», según dijo hoy, lunes 18 de noviembre, la secretaria de Inclusión Social y presidenta del Instituto para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Vanda Pignato, en la presentación de la política bajo el lema «Somos más de 3 millones».

Esta política es una herramienta para transformar los patrones socioculturales que reproducen la violencia y discriminación contra las mujeres; un instrumento para garantizar la atención integral de las mujeres que enfrentan violencia; y  un mecanismo para administrar la justicia para las mujeres.

«La política no tiene un enfoque punitivo, sino de construcción de nuevas relaciones de poder basadas en la igualdad, la no discriminación y una vida libre  de violencia», dijo la directora del ISDEMU , Yanira Argueta, en la presentación de esta política que ha sido consultada durante un año a través de los Consejos Consultivos y de Contraloría Social. El instituto que dirige Argueta es el ente rector de la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres (LEIV) y de la política recientemente presentada.

La necesidad de un instrumento así se hace más que necesaria tras conocer los datos del último Informe Anual de la Situación de Violencia hacia las Mujeres, avanzados hoy, que son una muestra de que «no logramos avanzar en el acceso a la justicia de las mujeres», según expresó, Margarita Fernández, gerente técnica del ISDEMU.

«La administración de la justicia está vetada por el sexismo», dijo por su parte Pignato, para quien la inadecuada interpretación de las leyes impide el acceso de las mujeres a la justicia y una administración adecuada.

Según datos estadísticos aportados por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto de Medicina Legal (IML),  en el 2012, se registraron 321 muertes violentas de mujeres. De estos casos, sólo 6 fueron tipificados como feminicidio y uno en grado de tentativa.

En el periodo de enero a junio de 2013, se registraron 83 muertes violentas de mujeres. En 2012, las cifras de la corporación policial reportan un total de 1.664 denuncias de lesiones contra mujeres, 7.284 denuncias por amenazas, 1.332 denuncias por violencia sexual y 2.493 denuncias de violencia intrafamiliar.

Por primera vez, la Corte Suprema de Justicia suministró datos para el informe anual que arrojan que en el 71% de los delitos de violencia sexual las víctimas eran niñas. En el caso de los datos de la Procuraduría General de la República (PGR), el ISDEMU muestra su preocupación por el hecho de que los jueces «están juzgando los delitos contra las mujeres como violencia intrafamiliar».  Margarita Fernández también lamentó la ausencia de un sistema que permita cruzar los casos reportados por el Ministerio de Salud y el sector justicia para realizar un seguimiento adecuado de la administración de la justicia.

Apuestas prioritarias de la Política Nacional para el Acceso a una Vida Libre de Violencia

La prevención es la apuesta prioritaria de la Política Nacional para el Acceso a una Vida Libre de Violencia, que trata de erradicar la violencia contra las mujeres interviniendo en las causas que la generan. Así pues, las estrategias de prevención tienen como propósito transformar el entorno, fortalecer los derechos de las mujeres y procurar la construcciones de nuevas relaciones. En este ámbito, la política incorpora en el Sistema Educativo Nacional, estrategias que promuevan el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y de discriminación.

La directora del ISDEMU dijo al viceministro de Seguridad, Javier Martínez, presente en el acto, que el Estado «está obligado a trabajar acciones de prevención de la violencia y que no deben ser instituciones de la sociedad civil la responsables de la prevención». Igualmente, señaló la importancia de no sólo establecer mecanismos de coordinación con las instituciones del sector justicia sino medidas que aseguren la «efectividad» de las acciones.

La atención especializada es otra de las apuestas prioritarias de la política, además, una atención que garantice la reparación de derechos. Con la política también se estará garantizando la procuración y administración de la justicia para las mujeres, desde la denuncia, pasando poar la persecución y sanción del delito, cumpliendo con las garantías procesales contenidas en la LEIV.

En este tema, el ISDEMU tiene a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como un socio estratégico que ha acompañado la elaboración de esta política y la construcción de los mecanismos que van a garantizar su implementación.