Sala de Prensa

La Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado (SSGME) entregó esta mañana la propuesta de  Anteproyecto de Ley de la Función Pública, iniciativa que busca actualizar el marco jurídico que rige el trabajo de los servidores y servidoras  públicos en El Salvador, estableciendo garantías para el pleno cumplimiento de sus deberes y respeto a sus derechos.

Entre los aspectos más relevantes del anteproyecto de ley, que ha contado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), destacan el fortalecimiento de la carrera administrativa y de los mecanismos para desarrollar procesos de reclutamiento y selección transparentes, basados en el mérito y las competencias.

 Para el Secretario Hasbún, el sentido de esta iniciativa se traduce en prestar un mejor servicio a la sociedad fomentando su participación. “La estructura del Estado hay que modernizarla, hay que hacer un proceso de transformación para lograr  cambios. Lo más importante  para que una ley sea aplicada es que la construyamos juntos, tiene que ser la expresión fundamental de la construcción participativa, porque así se crea el Estado”, expresó.

Esta propuesta de Anteproyecto de Ley, que el Presidente de la República presentará a la Asamblea,  ha sido consultado ampliamente a lo largo de varios meses, contando con la participación de 356 personas provenientes de instituciones pertenecientes al Órgano Ejecutivo, Instituciones Oficiales Autónomas, sector justicia, organismos independientes, además de 11 confederaciones y federaciones de sindicatos, y seis sindicatos del sector público no federados.

Además, para su elaboración, se realizó una consulta a través de correos electrónicos y por medio del sitio web de la Secretaría para Asuntos Estratégicos, sumándose también los aportes y  valoraciones hechas por representantes de universidades y ONG.

De acuerdo con el subsecretario Morales, con esta propuesta de ley se reforzaría la participación ciudadana en el país.  “Hemos llegado al final de un proceso de consulta ciudadana en el que han participado representantes de más de 100 instituciones; ha sido un ejercicio largo verdaderamente democrático, coherente con la política de participación ciudadana que este Gobierno ha creado y que lo que busca es la participación de todos los sectores en la construcción de las políticas públicas”, agregó.

Por su parte, el embajador de España, destacó la modernización, eficacia, estabilidad e independencia que permite la ley de la función pública, un proyecto «muy valioso» y que «supone un enorme avance para los ciudadanos de El Salvador».

El anteproyecto descansa sobre el mandato constitucional de regular el servicio civil o función pública en base a principios de mérito y aptitud, garantizándose a los empleados públicos el derecho a la estabilidad laboral. Actualmente,  los servidores públicos se rigen por la Ley de Servicio Civil, que data del año 1961, lo cual obliga a realizar una revisión minuciosa del marco normativo  del empleo público.

Dentro de los puntos que destacan del anteproyecto, está la creación de la Autoridad Rectora de la Administración Pública, entidad que se instituye como la máxima autoridad administrativa en materia de administración pública, compuesta a su vez  por tres órganos desconcentrados con independencia técnica: el Instituto Nacional de Formación de la Función Pública, las Comisiones de la Función Pública y el Tribunal de la Función Pública.

Además, se proponen mecanismos de defensa real y efectiva frente a las actuaciones de funcionarios, servidores públicos, e incluso de otros servidores públicos, que resulten violatorias de derechos fundamentales de los trabajadores.

También se refuerza el derecho a la organización a partir de tres pilares fundamentales: la protección de la libertad sindical, la negociación colectiva y los mecanismos de solución de conflictos colectivos jurídicos y económicos o de intereses. «La propuesta trata de hacer un equilibrio entre los diferentes intereses», explicó Ena Núñez, especialista en Derecho Laboral.

 Contribución de la AECID

La AECID apoya a la Subsecretaría de Gobernabilidad a través del Fondo de Fortalecimiento Institucional (FFI) con una inversión de 1.5 millones de dólares desde 2009 en su línea de Modernización del Estado, desde donde se ha apoyado la elaboración del anteproyecto y las consultas de la ley, a la que también han contrubuido la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (USAID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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